Hace unos días, un feto de aproximadamente tres meses de gestación fue encontrado en la zona donde se vierte la basura de la ciudad de Rivera (fronteriza de Brasil, unos quinientos kilómetros al norte de Montevideo). La policía de esa ciudad (comandada por su Jefe, Juan Carlos Soto), ni corta ni perezosa, decidió comenzar la investigación para buscar a la culpable de semejante delito. Lo primero que hizo fue identificar las zonas de donde podría provenir la basura. Acto seguido, pidió a las autoridades sanitarias (Ministerio de Salud Pública) la lista de mujeres embarazas que habitan esos barrios. Luego, concurrió, casa por casa, fingiendo estar realizando un censo, con el objetivo de controlar que todas las señoras siguieran embarazadas. Una, al parecer, no se encontraba en el país (la ciudad brasilera de Libramento queda a unos pasos). Entonces, consiguió una orden de allanamiento de domicilio (expedida por el juez en lo Penal de 1er. Turno, Federico Tobías). Finalmente, y a partir de investigaciones llevadas a cabo en la casa de la ausente (y cuya metodología se desconocen) concluyó que la asesina era la susodicha viajera.
En Uruguay, la ley vigente sobre el aborto data de 1938 (mil novecientos treinta y ocho, leyeron bien), y establece que su práctica es un delito, y por tanto, debe ser penada. Sin embargo, el aborto es una realidad cotidiana, realizándose de forma clandestina. Las mujeres con mayores ingresos acceden a abortos realizados en mejores condiciones sanitarias, mientras que otras, se los realizan de tal forma que ponen en riesgo su salud y su vida. Sí, su vida, porque las muertes por esta causa son el pan nuestro de cada día.
Parece ser que estamos empantanados en 1938 (siendo un Estado laico) sin perspectivas de cambio o progreso en lo que a proteger la salud de nuestras mujeres se refiere. Para completar el panorama, nuestro Presidente (el progresista y radioterapeuta Tabaré Vázquez) amenaza a cada rato con vetar la ley sobre reproducción si llegase a ser aprobada por los legisladores (ley que desde hace años da vueltas y vueltas en el Palacio Legislativo), y aún más, porque ha prometido disolver las cámaras (sí, disolver las cámaras de diputados y senadores) si la Asamblea General osase levantar su veto.
Sin embargo, la Ministra del Interior (la maestra Daisy Tourné) enterada de la investigación llevada a cabo en la ciudad de Rivera, envió una carta al Jefe de Policía de esa ciudad (y máximo responsable del procedimiento), en la que expresa: “no puedo como mujer y como su máxima jerarca, ocultar mi repudio a este accionar policial. Cumpliré –como es menester- con la investigación pertinente y de acuerdo a derecho y una vez sustanciada la misma, sepa usted que procederé con la máxima severidad”.
Es imposible no preguntarse si para la Ministra pesará más su condición de mujer que su lealtad al Presidente. Mientras tanto, nuestra legislación sigue anclada en el año 1938, al tiempo que el aborto es una realidad clandestina en la que cada mujer se juega la vida.
