He intentado en este espacio no referirme a temas de actualidad. Las razones son varias y no vienen al caso, pero podrían resumirse en que por motivos de salud mental prefiero desconectarme del cotidiano bombardeo de noticias e información. En ciertas circunstancias, evadirse de la realidad es sano.
Sin embargo, ciertos acontecimientos no pueden dejarse de mencionar. Son aquellos que marcan un punto divisorio en la historia de los pueblos.
Los atentados a los Torres Gemelas de NY y al Pentágono en Washington, han opacado la memoria de otro hecho, más sangriento y más terrible: el golpe de estado en Chile de 1973. Por suerte, hay quiénes no lo han olvidado, incluso en esta comunidad de blogs (el post de Alicia es un claro ejemplo, y se lo he agradecido).
Poco antes del golpe en Chile, el 27 de junio, Uruguay también tuvo su golpe de estado, que sumergió a nuestro país en once negros años de dictadura militar de derecha. Miles de uruguayos sufrieron cárcel y tortura, exilio y destitución de sus puestos de trabajo en la Universidad, escuelas y liceos, y empresas públicas y privadas. Asimismo, y siguiendo la norma de las dictaduras, hubo asesinatos y cientos de urugayos desaparecieron aquí y en Argentina.
En 1985, el primer gobierno democrático posterior a la dictadura (cuyo Presidente fue Julio Sanguinetti, partido Colorado, de derecha) en conjunto con el Partido Nacional (también de derecha) creó una ley que impedía juzgar a militares y policías violadores de derechos humanos. La ley 18.548, tiene un nombre que mete miedo: Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, pero la llamamos Ley de Impunidad. La misma fue aprobada por el Parlamento Nacional en diciembre de 1986, y luego, más del 25% de la ciudadanía uruguaya habilitó, con su firma, la realización de un referéndum para derogarla. La votación fue realizada en abril de 1989. Un 57% votó por el "voto amarillo" (por el color de la papeleta), y un 43% por el "voto verde". Por eso, la ley siguió vigente, y los torturadores, asesinos y violadores de derechos humanos vivieron en total impunidad en nuestro paisito, impidiendo no solamente no juzgar a los violadores de DDHH sino que frenando todo intento de conocer la verdad. La gente, quizás se creyó lo que decía la propaganda del voto amarillo, que proclamaba que solamente podríamos tener paz si hacíamos borrón y cuenta nueva, a pesar que es bien sabido que los pueblos que olvidan su pasado, están condenados a repetirlo.
Hace unos meses, y a partir de un pedido de extradición de Argentina de militares y policías (de los que todos sabíamos sus nombres y delitos cometidos) implicados en secuestros y desapariciones en suelo Argentina, gracias al Plan Cóndor, en nuestro país, se iniciaron investigaciones judiciales.
El fallo judicial sería conocido el lunes pasado (11 de setiembre). Ese día, amanecimos con la noticia que uno de los militares implicados (Juan Rodríguez Buratti) se había suicidado el domingo cuando la policía fue a su casa a detenerlo para declarar. Un torturador no se redime suicidándose, pero algo es algo, escribió alguna vez Mario Benedetti.
A las cinco de la tarde del lunes 11 de setiembre, en fallo judicial histórico, fueron procesados con prisión los coroneles retirados Gilberto Vázquez, Ernesto Ramas y Jorge Silvera, el teniente coronel retirado José Nino Gavazzo, el ex mayor Ricardo Arab, el capitán retirado Luis Maurente y los ex policías Ricardo Medina y Pedro Sande.
Es mi deseo que ese fallo sea el comienzo de la era de la verdad y la justicia que hemos reclamado al menos aquel 43 % de los uruguayos en el referéndum de 1989. Es imposible no atribuir esta nueva etapa histórica al cumplimiento del compromiso con sus votantes del Encuentro Progresista, primer partido de izquierda que gobierna Uruguay desde el 1 de marzo de 2005, y que lo logró con más del 50% de los votos.
Aunque en un año y medio de gobierno esta ha sido la única promesa electoral que se ha cumplido, y a pesar que el Poder Judicial en mi país es independiente del Poder Ejecutivo, la voluntad del Poder Ejecutivo de no entorpecer la justicia, debe ser reconocida.
Es cierto que la justicia tardó, y mucho. Nadie podrá nunca reparar el daño causado a las personas, las familias y al país. La herida seguirá sangrando siempre.
Pese a todo, por todas las víctimas, siento que por lo menos, el Nunca más que tanto hemos reclamado, ha comenzado, y tiene su inicio un 11 de setiembre.
Fotografía:La República, Uruguay
